El pasado 22 de julio, la provincia de Córdoba dio un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico al promulgar la 'Ley Antibúnker y Antiaguantaderos'. Esta normativa establece un nuevo marco legal para intervenir inmuebles y otros bienes que son utilizados para actividades delictivas o que, debido a su abandono y deterioro, representan un riesgo para la seguridad de la comunidad.
La ley, que modifica la Ley Provincial 10.067, permite que los fiscales especializados puedan solicitar a los jueces medidas contundentes para desactivar el funcionamiento de estos búnkeres. Entre las acciones contempladas se encuentran la clausura de los inmuebles, su aseguramiento, la exclusión de personas vinculadas a actividades ilícitas y, en casos excepcionales, la remoción, inutilización o demolición total o parcial de las estructuras utilizadas para el narcomenudeo. Todas estas medidas deben ser autorizadas mediante una resolución judicial fundamentada, respetando las garantías del debido proceso.
Es importante destacar que la nueva ley también establece los casos que deben ser gestionados por la vía judicial. Esto incluye situaciones donde haya ocupación efectiva del inmueble, conflictos sobre derechos de posesión o cuando las medidas a adoptar excedan el carácter preventivo del régimen administrativo.
Además, la ley crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos. Estas entidades tendrán la responsabilidad de coordinar acciones entre diversos organismos para asegurar la correcta gestión de los bienes intervenidos. Los bienes recuperados en causas de narcotráfico serán destinados al fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y al financiamiento de programas de prevención y asistencia relacionados con la lucha contra el narcotráfico.
Esta iniciativa legislativa refleja el compromiso de la provincia de Córdoba en combatir el narcotráfico de manera integral, no solo atacando el problema desde el ámbito policial, sino también asegurando que los recursos recuperados se reinviertan en fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad y en programas de prevención.
Con la implementación de esta ley, Córdoba busca no solo desmantelar las estructuras físicas del narcotráfico, sino también enviar un mensaje claro de que el crimen organizado no tendrá cabida en la provincia. La colaboración entre los distintos organismos y la comunidad será clave para el éxito de esta nueva estrategia.
