Luego de la devastadora inundación de 2015, los vecinos de Sierras Chicas acordaron con las autoridades de Córdoba mantener el nivel del dique La Quebrada dos metros por debajo del vertedero como medida preventiva. Sin embargo, la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) no estaría cumpliendo con este compromiso, generando preocupación en la comunidad ante el riesgo de nuevas inundaciones.
Julio Loza, concejal de Villa Allende por el espacio Elegí Villa Allende, explicó que desde hace dos meses los vecinos han estado asistiendo al Concejo Deliberante para exigir que se reduzca el nivel del dique. Ante la falta de respuestas de la APRHI, el cuerpo legislativo presentó una nota y luego aprobó una resolución para exigir una respuesta en un plazo de 72 horas, el cual ya ha vencido sin respuesta del organismo provincial.
"Es la única forma real y efectiva de garantizar la vida de las personas y de las cosas si hay una inundación", afirmó Loza en comunicación con Radio Nexo, subrayando la necesidad de bajar el nivel del dique.
El concejal también advirtió sobre la proximidad del fenómeno de El Niño y la posibilidad de lluvias por encima de lo habitual. Criticó que la Provincia planee comenzar a reducir el nivel del embalse recién a fines de noviembre o durante diciembre, ya que considera que esa medida no sería suficiente para la situación actual.
Ante la falta de respuesta oficial, Loza indicó que han presentado un proyecto de resolución para solicitar al intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, que inicie una acción judicial contra la Provincia.
"Hemos presentado este proyecto de resolución para que el intendente, que es el único representante del municipio frente a la Provincia, inicie un amparo ambiental. Es la única forma efectiva de dar respuesta a la inquietud y al miedo legítimo que tienen los vecinos de Villa Allende frente a la posibilidad cierta de que pueda haber nuevas inundaciones", explicó.
El reclamo busca que se adopten medidas preventivas antes de la llegada de las lluvias más intensas y que se garantice el cumplimiento del acuerdo establecido después de la inundación de 2015.
