El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, ha dictado la prisión preventiva para Ernesto Aliaga Paz, Guillermo Pablo Arrieta Harica, Ramiro Javier Caggiano Blanco, Matías Sebastián Martinez, Salvador Gerardo Sessa, Shair Zuk y Eduardo Guillermo Zuk. Estos individuos están acusados de formar parte de una banda liderada por Juan Ignacio y Martín Esteban Coutsiers, involucrada en una estafa inmobiliaria en el Valle de Punilla y otras localidades.
La investigación penal ha identificado a más de veinte personas acusadas de pertenecer a una asociación ilícita que inscribía fraudulentamente lotes en diversas localidades de Punilla, incluyendo Villa Carlos Paz, Bialet Massé, Villa Parque Síquiman, Cosquín, Casa Grande, San Antonio de Arredondo, Tanti, y también en Villa Rumipal, en el valle de Calamuchita. La mayoría de los acusados permanece detenida.
Esta megaestafa inmobiliaria ha dejado múltiples damnificados. La maniobra consistía en transferir fraudulentamente derechos reales sobre bienes de terceros, generando información falsa en el Registro General de la Provincia. Una vez inscriptos los bienes inmuebles, los ofrecían como si tuvieran títulos perfectos, lo que permitía venderlos a precios superiores.
Entre los implicados se encuentran funcionarios comunales y escribanos que, aprovechando la situación dominial endeble de los terrenos, facilitaban las maniobras fraudulentas. Entre ellos está Jorge Perchante, exsecretario comunal de Parque Síquiman, Rubén Eduardo Tozzini del área de Planeamiento de Cuesta Blanca, y Jorge Visconti, asesor legal de ese municipio.
Ariel Luque es uno de los damnificados que denunció la situación. Compró un terreno a un dueño domiciliado en Buenos Aires, pero al llegar al lugar encontró a terceros trabajando y alambrando su lote, lo que marcó el inicio de su pesadilla.
Los imputados se presentaban como intermediarios en las operaciones, mostrando poderes apócrifos y asumiendo el control de un registro notarial con la presunta complicidad de la profesional a cargo, para dar una apariencia de legalidad a cada venta. Utilizaban el sitio Marketplace de Facebook y grupos de ventas para contactar a potenciales clientes.
En este tramo de la causa, el fiscal Gavier ha dictado la prisión preventiva de siete imputados, quienes desempeñaban diversos roles en la organización. Desde la creación de instrumentos públicos fraudulentos hasta la venta de lotes a través de plataformas digitales, cada uno tenía una función específica en la estafa.
