El próximo martes 18 de agosto comenzará en los tribunales de Cruz del Eje el juicio contra Sandra Leonor Videla, de 58 años, acusada del asesinato de Ángel Edmundo Pobeda, de 68 años. El crimen, que ha conmocionado a la comunidad de Capilla del Monte, ocurrió en la madrugada del 22 de marzo del año pasado. Según la acusación, Videla habría cometido homicidio calificado por alevosía, lo que podría llevarla a una condena de prisión perpetua.

Los hechos se desencadenaron cuando vecinos de la zona observaron a Videla arrastrando un bulto envuelto en una sábana, lo que les llevó a alertar a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo de Pobeda, semidesnudo y con la cabeza destrozada por golpes con un objeto cortante. La fiscal Paula Kelm llevó adelante una investigación rápida y concluyente, determinando que Videla, quien vivía en un departamento al fondo de la casa de la víctima, había conocido a Pobeda a través de redes sociales y actuaba como su cuidadora.

El caso ha captado la atención pública no solo por la brutalidad del crimen, sino también por los detalles que sugieren una planificación previa por parte de Videla. La acusada habría asegurado la muerte de Pobeda mediante golpes con un hacha, lo que refuerza la calificación de alevosía en su contra.

Este juicio se suma a otros casos resonantes en la región, como el del empresario Jorge Petrone, quien fue condenado en 2014 por usurpar terrenos en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. Recientemente, una nueva denuncia por presuntas estafas ha sido presentada contra Petrone, lo que mantiene su nombre en el ojo público.

La comunidad de Capilla del Monte y sus alrededores sigue de cerca el desarrollo de estos casos judiciales, que reflejan problemáticas locales de gran impacto. En el caso de Videla, el juicio promete ser un evento significativo, con la expectativa de que se haga justicia por el asesinato de Pobeda.

Mientras tanto, el caso de Petrone continúa en el ámbito judicial, con la jueza de control Laura Barale ordenando una nueva revisión de la denuncia presentada por Félix Chavarría Morillo. Este último caso destaca las complejidades legales y las demoras en el sistema judicial, que afectan tanto a los involucrados como a la percepción pública de la justicia en la región.