Las Sierras de Córdoba, con sus formaciones geológicas que datan de hace 25 millones de años, son más que un simple atractivo turístico; son el ADN de la identidad cordobesa. Sin embargo, esta identidad se encuentra bajo amenaza debido a la implacable presión por la extracción de minerales, que provoca un impacto ambiental irreversible en los ecosistemas locales. Esta situación genera una tensión palpable entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.

El extractivismo en Córdoba, conocido como el «extractivismo a la cordobesa», impacta visiblemente en la fisonomía de las montañas. Las sierras, que solían ser un refugio natural, ahora lucen desnudas, con cortes grises que las atraviesan debido a las voladuras y derrumbes. Este fenómeno es evidente en el incesante tránsito de camiones cargados de materiales en las avenidas de Villa Allende y el aumento de la minería ilegal en Traslasierra. Las canteras son la expresión más clara de este problema, afectando la biodiversidad y los servicios ambientales de las sierras, algo que cualquier observador atento puede notar.

La actividad extractiva en Córdoba se centra principalmente en la roca de aplicación, como granito, arena, cal y piedra partida, a diferencia de la minería de metales preciosos como el oro o el cobre. Este modelo de extractivismo de cercanía tiene un destino local: el material se utiliza en la producción de cemento y asfalto para la infraestructura de las grandes ciudades. Sin embargo, para sostener el desarrollo urbano, se está llevando a cabo la «molienda» de las sierras, que son fundamentales para la regulación hídrica y climática de la provincia.

Uno de los impactos más graves de esta actividad se observa en el ciclo hídrico. Las sierras actúan naturalmente como una gran esponja que absorbe la lluvia para liberarla de forma gradual. Las canteras destruyen esta capacidad de almacenamiento al dinamitar y remover la capa vegetal, inutilizando el «tanque de agua» natural. Esto provoca dos grandes problemas para los cordobeses: inundaciones y sequías. Sin la filtración adecuada, el agua desciende con fuerza en épocas de lluvia, causando desastres, y los arroyos se secan mucho más rápido durante la estación seca.

Para los residentes de zonas de canteras, como Sierras Chicas, Valle de Punilla y Traslasierra, el extractivismo se vive como una invasión al modo de vida serrano. No hace falta ser un experto para notarlo: nubes de polvo en suspensión, con un polvillo constante de sílice que afecta los pulmones de los vecinos y sofoca el monte nativo, alterando la respiración de plantas y animales. Las voladuras sacuden con sus explosiones diferentes zonas, agrietando paredes de las viviendas próximas, ahuyentando a la fauna local y alterando la calidad de vida de los pobladores.

El abandono de una cantera agotada por parte de la empresa minera deja como secuela un hueco estéril, un entorno desolado similar a un páramo lunar donde la vida es inexistente. Este «desierto blanco» constituye un terreno irrecuperable, con una pérdida permanente de valor turístico y ambiental, perpetuando el daño paisajístico. Córdoba no tiene oro ni plata, pero su subsuelo es un gigante invisible. Sin el cuarzo, el feldespato, la caliza y los carbonatos que se extraen de sus sierras, importantes corporaciones como Holcim/Minetti colapsarían.

La dependencia de la piedra tiene un costo ecosistémico que se paga con creces. El extractivismo ha convertido a las sierras en un territorio en disputa, un frente de deforestación y degradación que avanza sobre un monte nativo en buen estado de conservación, hoy reducido a menos del 3% de su cobertura original. El recuerdo más amargo que tienen los cordobeses es el de «Los Gigantes». Esta mina de uranio, clausurada en los años 90, es el pasivo ambiental más feroz de la minería en la provincia. Residuos radiactivos y químicos persisten sin remediación total, contaminando acuíferos y dejando una herida que es la antítesis de cualquier discurso de sustentabilidad.

Actualmente, las «cicatrices» más visibles están en Malagueño y La Calera, zonas históricamente mineras pegadas a los nuevos barrios residenciales. Aquí, el concepto de «pasivo ambiental» deja de ser una imagen abstracta. Las lagunas turquesas, que atraen a curiosos y bañistas, son en realidad pozos mineros abandonados. El color se debe a la alta alcalinidad y concentración de carbonato de calcio. Son trampas visuales, un síntoma de un ecosistema roto donde las empresas se fueron de un día para el otro, dejando el hueco, los escombros y la deuda social.

El extractivismo minero cordobés tiene dos referencias actuales que desembocan en conflictos territoriales calientes: en Villa Allende, la convivencia entre vecinos y la empresa El Gran Ombú es imposible por las voladuras, casas que tiemblan y fisuras que aparecen en las paredes. El polvillo constante, esa «nieve» gris que no es nieve, se posa sobre los jardines y, peor aún, se introduce en los pulmones. Se trata de sílice, un contaminante silencioso. A metros de allí, el tráfico de camiones pesados, cargados con toneladas de piedra partida, rompe el asfalto y aumenta el riesgo de accidentes.

A 150 kilómetros de allí, en Traslasierra, la minería amenaza el recurso más sagrado para los lugareños de la zona: el agua. Las excavaciones para sacar áridos y piedra a menudo se realizan sobre lechos de ríos o zonas de recarga de acuíferos. «En Traslasierra, la lucha por la tierra y el agua va de la mano. Las canteras profundas amenazan con desviar cauces y contaminar el agua que usamos para riego y consumo», explican desde la Asamblea de Traslasierra.

Para Joaquín Deón, geógrafo y doctor en Estudios Urbano-Regionales-BUW, CONICET-UNC, “el mito de la ‘baja escala’ de la minería de canteras se ha desmoronado: el uso de explosivos y maquinaria pesada ha transformado el paisaje de manera irreversible, afectando no solo el entorno natural, sino también la vida de las comunidades que dependen de estos recursos”.